Cómo las renovables van a reducir el coste energético

Cinco Días

Durante mucho tiempo se ha acusado a las energías renovables de ser las causantes del encarecimiento de la electricidad. ¿El motivo?: los incentivos que se establecieron en su día mediante una tarifa fija retributiva de las entonces experimentales energías renovables, eólica y, sobre todo, fotovoltaica. La idea en aquellas fechas, –y si alguien tira de hemeroteca lo puede comprobar–, era que en 20 años se alcanzara la paridad de red, es decir, que el coste de la energía producida por fuentes renovables fuera similar al coste medio.

Ciertamente, el coste en su día fue elevado –y discutible que se cargara al sistema eléctrico y no a los presupuestos–, pero el resultado fue que, fruto de aquellas políticas en España y otros países, a fecha de hoy la eólica y la fotovoltaica son las energías más eficientes del pool que nos abastece. Además, son mucho más económicas que las fósiles y contaminantes, y presentan unas externalidades positivas.

En este contexto, el coste del MW producido con gas a día de hoy está entre 150 y 300 euros, mientras que el coste de las renovables, incluyendo una rentabilidad razonable a los activos, se sitúa en los 45 euros. Por una vez, lo bueno y bonito además es lo barato. Así, y si ampliáramos nuestra capacidad de generación renovable, el precio bajaría y se volvería más estable y alcanzaríamos la independencia energética, lo que, en consecuencia, nos dejaría a salvo de los vaivenes geopolíticos y aportaría competitividad a nuestra economía. Por el contrario, y si bien se puede aducir que las energías renovables no pueden satisfacer toda la demanda debido a su dependencia de factores climáticos u horarios, esta afirmación debe ser matizada. En la esfera de las renovables, consideramos que la política gubernamental debería ir encaminada a tres fines principales. En primer lugar, se debería apostar por seguir ayudando a sustituir las energías fósiles por las renovables. Las ventajas no hace falta enumerarlas: además del positivo impacto que tienen estas energías sobre el medio ambiente, destaca su menor coste total, su competitividad, la mejora que implican para el sector exterior y su potencial para crear empleo, que permite que se reduzcan las importaciones y, al mismo tiempo, dar dinamismo a zonas geográficas como la España vaciada. En segundo lugar, debería tenerse en cuenta que la forma de evitar puntas de consumo de otras energías, más que cargar contra los “beneficios caídos del cielo”, debería ir en la línea de obligar a las hidráulicas a producir en los momentos que no hubiera otra producción renovable.

En este escenario, también resultaría relevante cambiar la política de incentivos. De esta forma, en vez de estimular las energías renovables de forma masiva y sin criterio  se debería fomentar lo que necesitamos como país: un sistema que permitiera almacenar la energía. Para ello, habría que fomentar la hidráulica de bombeo y las
baterías, –incluso haciendo un parque público de baterías si se tiene interés en intervenir en el mercado–. Además, por pura lógica, también se podría impulsar el coche eléctrico, cuyo parque de baterías permitiría reducir los requerimientos de almacenaje.

Por último, se debería otorgar estabilidad a los precios mediante contratos a largo plazo. Es cierto que los precios actuales son inasumibles, pero a la inversa no se plantean grandes problemas. El año pasado, cuando la energía cotizaba a 9 euros, no se escucharon lamentos por los “pobres eólicos y fotovoltaicos” que estaban perdiendo dinero, y tampoco se incluyeron estos sectores entre los ayudados por el Covid-19. Si pretendemos limitar el incremento, en justicia, habremos de garantizar precios estables. En este terreno, se podrían incentivar compras de producción a largo plazo, –así parece ir orientada alguna medida del gobierno–, y otorgarles seguridad jurídica. Quizás sería el propio mercado el que debería comprar a largo plazo. La máxima es sencilla: cuanto más estable sea el esquema de ingresos, más fácil será allegar recursos a estos activos y a un menor coste.

La política energética actual no se adecúa a la realidad, dado que las nuevas energías tienen un coste variable muy reducido y un coste de recuperación de la inversión alto. Si se reduce la percepción del riesgo, y, en consecuencia, la deuda y el equity se conforman con una rentabilidad inferior, el resultado será un precio de la energía menor, pues el principal coste de estas instalaciones ya no es quemar el combustible, sino pagar los activos que se generen. En este contexto, el precio minorista podría calcularse con un mix de precios entre los contratos a largo y los precio a día.

Precisamente en estos días se está decidiendo la nueva subasta de las renovables que, aunque ha mejorado sustancialmente con respecto a las anteriores, todavía resulta manifiestamente mejorable. El nuevo sistema establece un precio fijo real, aunque con excepciones, y tiene una dinámica más sencilla, pero sigue adoleciendo de varios problemas graves, especialmente dos: por un lado, incentiva una rapidez que casa mal con la problemática administrativa y, por otro lado, no va a tener efecto significativo de rebaja del precio, ni por volumen ni por estructura de funcionamiento de la energía vertida.

Aún queda un largo camino en la transición hacia las energías renovables y, para recorrerlo, prestar atención a las realidades del país y adecuar las políticas energéticas en esta línea serán pilares esenciales.

Jaime Ventura es Socio fundador de Austral Venture Gestión